La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo para dar luz verde a la revisión del Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), un importante expediente relativo a las orientaciones de la UE para el desarrollo de las infraestructuras.
El objetivo de la nueva legislación es impulsar el desarrollo de una red de transporte fiable y de alta calidad que garantice una conectividad sostenible en toda Europa sin interrupciones físicas, cuellos de botella ni eslabones perdidos. Así, se pone especial atención en la finalización de las secciones transfronterizas de los Corredores Europeos de Transportes, como el Atlántico y el Mediterráneo.
La red contribuirá a la consecución de los objetivos de movilidad sostenible de la UE, al buen funcionamiento del mercado interior y a la mejora de la cohesión económica, social y territorial europeas.
El reglamento revisado recoge que el Corredor Mediterráneo recupere su longitud máxima, llegando hasta la frontera con Ucrania, una posición que el Ministerio de Transportes ha estado defendiendo durante las negociaciones. Así, el Mediterráneo será el único corredor que recorre Europa de oeste a este por completo.
El acuerdo, que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, es ambicioso y realista en sus exigencias técnicas y establece que la red se desarrollará o modernizará por fases, ya que el nuevo reglamento fija plazos claros para la finalización de esta: la red básica deberá estar terminada en 2030, la red básica ampliada, en 2040, y la red global en 2050. Para la definición de estas capas se han seguido criterios estrictos y homogéneos para los 27 estados miembros de la UE.
El nuevo reglamento refuerza la importancia de la interoperabilidad ferroviaria con aspectos tan relevantes como la electrificación o los sistemas de seguridad (ERTMS), promoviendo un transporte de mercancías más eficiente y los servicios de autopistas ferroviarias en determinados itinerarios.
Se reconoce el papel de los puertos y del transporte marítimo de corta distancia con la creación del Espacio Marítimo Europeo, el despliegue de soluciones como los eco-incentivos y garantizando la interconexión con las regiones ultraperiféricas como las islas Canarias.
Se potencia el transporte multimodal de mercancías y viajeros, mediante el impulso de la conectividad ferroviaria de los aeropuertos o la creación de hubs multimodales en los nodos urbanos.
En la carretera se establecen normas para el despliegue de aparcamientos seguros y áreas de descanso, cumpliendo con el compromiso con el sector del transporte por carretera de mejorar la seguridad y condiciones de trabajo.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible defiende que la Red Transeuropea de Transporte contribuye a "hacer más Europa" ya que está encaminada a promover una conectividad sin fisuras entre territorios y un claro compromiso por parte de todos los Estados miembros en el cumplimiento de los plazos establecidos para completar la red, especialmente en aquellos tramos transfronterizos incluidos en los Corredores. El reglamento dispone de instrumentos para respaldar este compromiso, reforzando el papel de los coordinadores de los corredores europeos de transporte.
Tras el acuerdo provisional de hoy, los trabajos sobre el Reglamento proseguirán a nivel técnico. Una vez concluidos, la Presidencia española transmitirá el texto a los representantes de los Estados miembros (Coreper) para su aprobación. Posteriormente, el texto se someterá a la revisión jurídico-lingüística antes de ser adoptado formalmente por los colegisladores (Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo) y entrar en vigor.
El acuerdo, de gran relevancia para el sector, es un gran éxito de la Presidencia española del Consejo de la UE, que se une al logrado en el Consejo de Ministros de Transportes de la UE, celebrado el pasado 4 de diciembre, donde se acordó aprobar ocho orientaciones generales en propuestas legislativas de los ámbitos del transporte terrestre, marítimo e intermodal, una cifra récord.
La Presidencia Española ha contribuido a seguir impulsando la política de transporte de la Unión Europea en la senda de la sostenibilidad, la seguridad, la digitalización y la justicia social, fundamental para unir ciudadanos y territorios a través de infraestructuras y servicios de transporte eficientes, de calidad y sin discontinuidades.