Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Para 123 km de carreteras del Estado, que incluyen 94 km de autovías

El Gobierno autoriza licitar por 32,4 millones de euros un contrato para la conservación de carreteras en Lleida

  • El Consejo de Ministros da luz verde a contratar los trabajos con una duración inicial de 3 años, en el marco del programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado para garantizar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad.
  • Recoge actuaciones como vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones o mantenimiento de instalaciones.
  • Los pliegos recogen condiciones para promover la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de la actividad de la Dirección General de Carreteras, que actualmente emite 71.640 toneladas de CO2 anuales.

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de 123,4 kilómetros (km) de la red de carreteras del Estado en la provincia de Lleida, con un valor estimado de algo más de 32,4 millones de euros (IVA no incluido).

En concreto, son las vías del sector nº4, que incluyen 94,96 km de autovía y que abarcan varios tramos de las carreteras A-2, LL-11, N-2, E-22, E-23 y E-25.

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la red de carreteras, asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Además, será objeto del contrato la ejecución de la obra de sustitución de la valla deteriorada tipo FAX en diversos tramos de la autovía A-2, a su paso por varios términos municipales de la provincia de Lleida.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

Desde el año 2022 se incorporan medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

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