Tras la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se han ampliado las medidas aprobadas el pasado 1 de marzo en relación a la revisión de precios de los contratos de obra pública.
El problema del alza de costes de producción ya se había desencadenado por efecto de las excepcionales circunstancias sociales y económicas que produjo la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2, repercutiendo de una manera directa en la ejecución de determinados contratos de obras del sector público, fundamentalmente durante el año 2021.
Por ello, el gobierno aprobó el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, con el fin de resolver la situación creada hasta ese momento.
El conflicto bélico en Ucrania ha provocado el cese de la actividad de importantes productores de materiales de construcción. A título de ejemplo, cabe citar el caso del acero, del cual Rusia es el cuarto productor del mundo y Ucrania el décimo. Esta situación ha agravado el problema del alza de precios provocando que muchas industrias del sector hayan optado por la paralización de su negocio al no poder asumir estos costes y aquellas industrias que han mantenido su actividad, se ven abocadas a incrementar los precios de suministro para paliar los costes adicionales, trayendo como consecuencia una gran inestabilidad en los precios, más allá del alza que venían sufriendo desde 2021.
Por tanto, es preciso ampliar las medidas establecidas en el Real Decreto-ley 3/2022, con el fin de evitar la paralización de las obras públicas en marcha, muchas de ellas financiadas mediante los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y sujetas, por tanto, a unos estrictos plazos de ejecución.
Las medidas que recoge el nuevo Real Decreto-ley aprobado con el fin de conseguir los objetivos propuestos, son las siguientes: