La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 pretendía responder a las necesidades reales del mundo productivo, ser un puente eficaz que conduzca al empleo y a facilitar el progreso profesional de las personas. Dividió el sistema español de formación profesional en tres grandes subsistemas:
La formación reglada está orientada al desarrollo de capacidades técnicas, organizativas, de comunicación y de respuesta a las contingencias. Abarca los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior (antiguamente Formación Profesional - FP) y está dirigida a las personas jóvenes en particular, pero también pueden acceder a ella las personas adultas que deseen obtener las correspondientes certificaciones académicas. En contraste, la formación ocupacional está orientada a los trabajadores activos y tiene un perfil más estrecho y ligado al mercado de trabajo, buscando la reinserción laboral de los participantes.
Recientemente, con objeto de relacionar directamente la formación con el empleo, se ha regulado el Catálogo de Cualificaciones Profesionales, que tiene la misión de ordenar sistemáticamente las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y la formación asociada a las mismas, para atender a los requerimientos del empleo. Estas cualificaciones se clasifican por:
Además, las cualificaciones se estructuran en unidades de competencia, entendidas como un agregado de competencias profesionales que constituyen la unidad mínima susceptible de reconocimiento y acreditación y comprenden tanto las competencias específicas (exclusivas de una actividad profesional) como aquellas otras determinantes para un adecuado desempeño profesional. Cada cualificación contiene información sobre el ámbito profesional en el que se han de desarrollar los sectores productivos en los que es requerida y las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con la cualificación.
El Catálogo Modular de Formación Profesional establece los módulos formativos necesarios para que las personas puedan alcanzar cada una de las cualificaciones profesionales que demanda el mercado laboral. De esta forma, formación y empleo están íntimamente ligados. Cada módulo está formado por un determinado número de horas y se detallan los contenidos y capacidades que se desarrollarán y los criterios de evaluación, así como las características que habrán de reunir los centros en los que se impartan.
Para la determinación de las cualificaciones de cada familia profesional se han constituido grupos de trabajo compuestos por expertos propuestos por el Consejo General de la Formación Profesional. El Instituto Nacional de las Cualificaciones es quien coordina todo el trabajo de estos grupos. Como primer cometido ha procedido al análisis del sector productivo para llevar a cabo la identificación de las cualificaciones profesionales que se demandan. Después de este análisis, se diseña cada una de esas cualificaciones, que será contrastada con organizaciones empresariales, sindicales y administraciones, así como con los organismos y asociaciones profesionales más significativas del sector del que se trate.
Con las aportaciones que son recogidas se procede a la especificación de la competencia definida y al establecimiento de la formación que se considera necesaria para adquirirla. Tras un nuevo contraste externo con los agentes sociales y administraciones, la cualificación pasa a ser analizada por el Consejo General de la Formación Profesional. El Gobierno, tras la previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, es responsable de aprobar las cualificaciones profesionales que proceda incluir en el Catálogo, así como los módulos formativos del Catálogo Modular de Formación Profesional.