Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

José Luis Ábalos, ministro de Fomento. Desayuno Europa Press

Queridos amigos, permítanme una confidencia:

En estos poco más de cinco meses intensos como ministro de Fomento, responsabilidad que como saben compatibilizo con el cargo de secretario de Organización del PSOE, he tenido la sensación a veces de estar experimentando ese estado de beatífica calma que los corredores de fondo y los ascetas atribuyen a ciertos grados de fatiga.  

Pero como no soy un atleta, ni un santo, cuando me sobreviene ese estado de gracia lo achaco a un mecanismo defensivo, natural, frente al ruido.

Amigos, España, está llena de ruido, y mucho me temo que: o apartamos ese ruido... o difícilmente escucharemos las señales que de verdad importan para conducir convenientemente nuestro porvenir.

Señales de un tiempo en transición en un escenario global en el que el cóctel de desigualdad, crispación e incertidumbre, está amenazando el sistema político que creíamos que iba a ser hegemónico después de la caída del muro de Berlín.

Si uno echa la vista atrás tan solo en 10 años vemos como todo lo que parecía sólido y firme ha empezado a albergar formas inciertas:


Estamos hablando de la solidez y de la estabilidad de las clases medias y trabajadoras, que han visto cómo la crisis ha amenazado su bienestar y sobre todo el porvenir de sus hijos; que ha entrado en cuestión lo que llamamos la movilidad social.

De la revolución tecnológica, que difumina las barreras entre productor y consumidor, entre empresa grande y pequeña, entre autónomo y trabajador o entre periodista y lector.

También hablamos de la solidez de los equilibrios geopolíticos. Un mundo en el que Oriente está tomando el protagonismo que cede Occidente y en el que Europa cada vez ocupa menos espacio.

Esta pérdida de solidez se traslada a la política. Con el auge de los populismos, de los movimientos que crecen al albur de hiperliderazgos individuales, del resurgir de la extrema derecha en toda Europa, del tiro en el pie del ‘bréxit’.

Y en España qué les voy a contar... El fin del bipartidismo… Un Gobierno urgido a coger las riendas de un país atascado por la corrupción y por la indolencia del anterior Ejecutivo. Una tensión territorial como nunca la ha habido en cuatro décadas de democracia y una oposición hiperventilada que ha renunciado a cualquier juicio formulado desde la serenidad.

Ante estas señales de fondo cabe preguntarse qué pretenden los ruidosos, los beligerantes, los crispadores, los agoreros… ¿Actúan movidos por su incapacidad para afrontar con audacia los cambios, los retos? ¿O simplemente actúan movidos por una concepción patrimonial del poder, que niega la legitimidad a otras opciones políticas para representar el Gobierno de un país?

Conviene que todos nos preguntemos si esta actitud y estos comportamientos son acertados para el interés general, para el bien común, o si nos perjudican y nos hacen a la sociedad española más vulnerable e insegura de cara al futuro.

Y cuando digo todos aquellos que tienen capacidad para influir en la esfera pública.

Pese a los errores en que podamos haber incurrido en estos seis intensos meses, cada vez estoy más convencido de que estamos llevando a España por el camino más rápido y seguro hacia el alargamiento del ciclo de crecimiento económico, hacia la cohesión territorial y social, y de la restitución de la confianza en nuestras propias posibilidades como país y en su proyección internacional.

España, con un crecimiento sostenido del 2,5% sigue creciendo más que la media de la Zona Euro. Además, el pasado mes de octubre el paro cayó por debajo del 15% por primera vez desde finales de 2008. Frente a pesimismos interesados en convertirse en profecías autocumplidas, mostramos nuestra determinación para hacer más sólidas las bases del crecimiento y que este llegue a todos. España puede crecer más y puede crecer mejor. Tenemos que creer en nosotros mismos.

En Cataluña, creo honestamente que estamos mejor que hace un año. La política de distensión y diálogo está ganando espacio al rupturismo. La cooperación y la convivencia redundan en el beneficio colectivo. La excepcionalidad y la confrontación, por contra, nos perjudican a todos. Algunas fuerzas políticas deberían preguntarse si, cuando compiten en pedir mano dura y ponen el foco en los elementos de fricción, no están haciéndole el juego a los que habitan en el callejón sin salida del secesionismo.

En cuanto al grave asunto de la cohesión social, es indudable que el principal activo de este Gobierno es el giro social que se está produciendo en este país. Tenemos que ser conscientes todos que tras el azote de la crisis, y pese a varios años de crecimiento económico, seguimos teniendo graves problemas de desigualdad. Y que la desigualdad no es un elemento inocuo para la solidez de nuestra democracia, es una amenaza. No hay democracia que resista una situación de desigualdad.

Ni la receta clásica que asumía principios neoliberales predominantes antes de la crisis económica, ni la vuelta al nacionalismo económico que propugna la nueva corriente conservadora internacional van a mitigar el sentimiento de inseguridad económica e incertidumbre ante la evolución tecnológica y la globalización.

La respuesta debe consistir en construir un nuevo contrato social que perfeccione el Estado del bienestar y proteja a la ciudadanía ante los riesgos de los nuevos espacios de pobreza y desigualdad. Son varios los escenarios que revisten desigualdad y pobreza, como son los trabajadores, la infancia…

Restaurar la sanidad universal, recuperar el talento expatriado, elevar sustancialmente el salario mínimo, dar más estabilidad a los contratos, subir las pensiones son apuestas acertadas para afianzar el crecimiento de España. Para reforzar la cohesión social y para dar certidumbre y confianza al país en su conjunto, y muy especialmente a los estratos más vulnerables de la sociedad: los mayores, los trabajadores y los jóvenes.  

Compréndame, si hago singular hincapié en los jóvenes, pero creo, sinceramente, que el futuro de este país y la salud de nuestra democracia depende en gran parte de que seamos capaces de ofrecerles un camino por el que puedan desarrollar su proyecto vital.

Por eso, en lo que a mí respecta, me puse como objetivo dar una verdadera dimensión de Estado a las políticas de vivienda nada más asumir el cargo como ministro de Fomento.

La vivienda no sólo es un derecho constitucional que merece la misma consideración que la educación, la sanidad o las pensiones, sino que es un elemento crucial del que depende en gran medida el acceso garantizado al resto de derechos. Quien no tiene asegurado un techo digno difícilmente puede aspirar a un trabajo, a una higiene, o a una educación en condiciones.

Y lo verdaderamente lamentable es que en un mercado imperfecto como el de la vivienda se ha perdido una década en materia de política de vivienda, se ha descapitalizado el stock de vivienda social a precio asequible de nuestro país. Y como siempre ha sucedido en el pasado en este mercado: “nos acordemos de Santa Barbara siempre cuando truena”.

De tal forma que este tipo de vivienda representa apenas el 2,5% del parque en nuestro país, uno de los más bajos de la UE.

El acceso a la vivienda es un quebradero de cabeza para las clases medias y trabajadoras, y es una quimera para los jóvenes y, muy especialmente, para los más humildes.

Y esto no es una sensación, lo corroboran los datos, el gasto en vivienda de las familias españolas que viven en régimen de alquiler, de acuerdo con Eurostat, está muy por encima de la media europea, generando una situación que no nos podemos permitir como país.

Por ello, desde el primer momento estamos trabajando en la elaboración de una Ley Estatal de Vivienda y estamos hablando con todos los actores, comparando todas las normativas autonómicas y estudiando experiencias y modelos de otros países. Y todo ello sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas.

Trabajamos con medidas de largo plazo, para incrementar la oferta y para recuperar el stock de vivienda social a precio asequible; pero, a corto plazo, es urgente establecer acciones para estabilizar el mercado del alquiler y que vuelva a ser una opción viable de acceso a la vivienda, ya que hoy no lo es en las grandes ciudades de nuestro país.

Por eso reformaremos la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar los plazos de los contratos y limitar las garantías y así dar más estabilidad a los inquilinos. También reformaremos la Ley de Enjuiciamiento Civil, para asegurar que aquellas familias vulnerables que sufren una ejecución hipotecaria o desalojo por impago de alquiler, están debidamente detectadas desde el principio, y el poder judicial coordinado con los servicios sociales, tal y como nos viene exigiendo Naciones Unidas desde hace tiempo.

Además, quiero aprovechar este foro para anunciar que ya hemos puesto en marcha el plan del Ministerio para disponer más viviendas destinadas a alquiler social.

El Ministerio de Fomento va a transferir a la Entidad Pública Empresarial de Suelo 21,5 millones de euros para que inicie, por sí misma o mediante convenios con ayuntamientos, la promoción de más de 5.000 viviendas destinadas a alquileres no superiores a los 400 euros en Madrid, Valencia, Ibiza, Sevilla y Málaga.

A estas 5.000 viviendas habría que sumarles las 1.540 ya iniciadas y financiadas en el marco del Plan Estatal de Vivienda, lo que supone que ya vamos a poner en marcha casi un tercio del Plan 20.000 Viviendas en alquiler asequibles que les anuncié en mi comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados del pasado 12 de julio.

Todas estas medidas sientan las bases de una política de vivienda encaminada a garantizar el acceso a la vivienda. Pero soy consciente de esta tarea, así como la protección del derecho a la vivienda que reconoce el artículo 47 de nuestra Constitución, requerirá del concurso de todas las administraciones. También la cooperación de todas las fuerzas políticas.

Por eso, quiero reiterar el ofrecimiento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y yo mismo hemos hecho al conjunto de los partidos para alcanzar un gran Pacto de Estado por la vivienda en España.

Amigos y amigas, los ciudadanos necesitan que, más allá de nuestras propias convicciones y de nuestras legítimas diferencias, los partidos políticos, el Gobierno y los partidos en la oposición, seamos capaces de cooperar, de entendernos.

Ésta es una necesidad que constato a diario en la gestión del Ministerio de Fomento porque no hay ninguna gran infraestructura cuya ejecución y mantenimiento no competa a más de un Gobierno, cuando no a más de una generación de políticos.

Mis responsabilidades y obligaciones como ministro han afianzando, más si cabe, mi visión de España como país y como proyecto colectivo, porque cada día aprecio hasta qué punto las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeronáuticas contribuyen a la vertebración territorial y la cohesión social. Y hasta qué punto son generadoras de un desarrollo equilibrado y solidario.

Además, cuando pido al resto de fuerzas políticas que nos entendamos, lo hago desde la humildad y desde el reconocimiento de que supone reconocer no es mérito de un Gobierno en concreto, sino de todos los gobiernos de la democracia…

Toda la labor de estos 40 años, y lo dije en la exposición que inauguré el pasado martes, “Tierra, agua y aire”, que recomiendo, es de todos. Poder reivindicarlo de forma conjunta no nos quita, nos da. El mérito individual lo celebra uno, el conjunto lo celebramos todos.

Estos 40 años de democracia nos han permitido:

  • que tengamos la primera red europea de autovías y autopistas,
  • que nuestro modelo de alta velocidad ferroviaria sea una referencia internacional y dispongamos de más kilómetros de alta velocidad tras China.
  • que seamos la tercera potencia europea en movimiento portuario de contenedores,
  • y que contemos con el primer gestor aeroportuario del mundo en número de pasajeros.

Tres de cada 4 euros de inversiones del Estado las ejecuta el Ministerio de Fomento, que es, sin duda, uno de los grandes motores de la economía.

Esa potencia inversora también es también una alta responsabilidad para ser cuidadoso con el destino de los recursos públicos.

Por supuesto, que hay que seguir invirtiendo en infraestructuras en nuestro país, en nuevos proyectos y en mejorar la conservación de nuestra red viaria y ferroviaria.

En una agenda de futuro para España, debemos garantizar el máximo impacto de las infraestructuras en la productividad. Ello exige racionalidad.

Y cuando hablo de racionalidad estoy hablando, entre otras cuestiones, de transitar de las infraestructuras, como instrumento, a una visión moderna del transporte: la movilidad. O, lo que venimos reivindicando desde este Ministerio, el derecho a la movilidad, y también la movilidad con seguridad.

Es decir, debemos ir más allá de un enfoque modal del transporte, y pensar en la movilidad intermodal y las redes de movilidad, que nos permite y nos permitirá el desarrollo de la tecnología.

Con ello conseguiremos que el transporte no sea un problema para millones de personas.

Que la congestión no sea un lastre para construir ciudades eficientes económica y medioambientalmente hablando.

Y contribuirá también a abaratar el precio de la vivienda una adecuada política de movilidad.

Por ello, vamos a liderar una Estrategia por la Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada.

Estamos hablando de mejorar las prestaciones de servicio de la red de Cercanías, con un plan de acciones inmediatas para la Mejora de la Fiabilidad del Servicio, un Plan de Renovación del Material Rodante y un Plan de Inversión en estaciones y de nuevas líneas, en aquellos itinerarios en los que las inversiones necesarias se demuestren eficientes desde la triple perspectiva social, ambiental y económica.

Y estamos hablando también de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la Cadena Logística, un elemento clave para mejorar el crecimiento potencial de nuestra economía. En este sentido estamos trabajando en nuevas medidas para el impulso del transporte ferroviario de mercancías.

Además se hace necesario plantear actuaciones para la mejora de la interoperabilidad de la red ferroviaria. Reducir   rigideces para obtener más rendimiento de la inversión ferroviaria realizada.

...

La política de infraestructuras ocupa muchas páginas en la prensa regional. Sé que es lógico que cada Comunidad, cada territorio, se fije en las demás y exija para sí misma las inversiones que llegan a un territorio.

Pero no es bueno alimentar el agravio permanente para fundamentar una alternativa política. En materia de infraestructuras, cuando ya hemos alcanzado los niveles medios europeos, la voluntad política debe alinearse con las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, de los que más lo necesitan, al mayor impacto de las mismas en el crecimiento a medio plazo y al equilibrio de las finanzas públicas. Aunque las necesidades y las exigencias parezcan infinitas, los recursos públicos desde luego que no lo son.

Por eso tenemos que cambiar la mirada sobre estas políticas. Las autovías, corredores ferroviarios, líneas de cercanías no son un fin en si mismo, son una herramienta para favorecer la igualdad de oportunidades y la autonomía de los ciudadanos en el desarrollo de sus proyectos personales y vitales. Las infraestructuras no son sólo obras, promueven y constituyen derechos y cuando su inversión no está justificada detraen recursos públicos que podrían ir destinados a cubrir otras necesidades más acuciantes de los ciudadanos, o de la economía.

Es por esta razón por la que he propuesto avanzar hacia un Pacto de Estado sobre la Política de Transporte y las Infraestructuras.

Pero para llevarlo a buen puerto y para afrontar los retos venideros hace falta entender que el pacto político no es cesión, sino conquista que nos favorece a todos.

La cultura del pacto es la base sobre la que se asienta la democracia, máxime cuando la pluralidad política se ha instalado en los parlamentos de los países más desarrollados.

Es una labor de todos defender la democracia.

Y defenderla con templanza en el debate público.

Se puede defender con firmeza las posiciones propias sin caer en el insulto del adversario que es, en definitiva, quitarle la capacidad de representación. La honestidad intelectual, la humildad y el respeto son la mejor señal de fortaleza en la confrontación política.

Puede parecer conservador, pero yo he sido siempre defensor del civismo, que es algo fundamental para la democracia, como la buena educación para la convivencia.

Señores y señoras, todos debemos implicarnos porque el desafío del futuro a todos nos incumbe. O favorecemos el entendimiento en el debate público, o abonamos su empobrecimiento.

El debate de nuestro tiempo ya no será entre nueva o vieja política. Sino entre buena o mala política.  

Es responsabilidad de todos contribuir a que sea buena.

Muchas gracias.

Área: Ambito geográfico: