En febrero de 2004, España y Francia otorgaron una concesión a TP Ferro para la construcción y explotación de la nueva línea Figueras-Perpiñán, por un período de cincuenta años, para asegurar la conexión en ancho de vía estándar europeo entre las redes ferroviarias de los dos países.
Después de la puesta en marcha completa del tramo internacional en enero de 2013, la empresa concesionaria, TP Ferro, encontró dificultades reales debido a que los niveles de tráfico han resultado ser muy inferiores a los que la concesionaria había previsto. Esto condujo, en septiembre de 2015, a la presentación de un concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Girona.
Los Gobiernos español y francés han recordado constantemente que le corresponde al concesionario, conforme al contrato y a los principios legales de ambos países, la completa asunción de los riesgos que le fueron transferidos en el contrato de concesión. Corresponde por tanto a los accionistas y acreedores de TP Ferro acordar un plan de reestructuración que permita al concesionario continuar su actividad.
Para hacer frente a cualquier eventualidad y garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios entre España y Francia, los dos gobiernos han propuesto, desde que se conocieron las dificultades del concesionario, a los dos administradores nacionales de infraestructuras, ADIF y SNCF Réseau, que se prepararan para gestionar la explotación del tramo internacional a través de una empresa filial común, en caso de una posible quiebra de TP Ferro. En este sentido, los dos gobiernos han elaborado y firmado en mayo de 2016, un acuerdo internacional para explotar la nueva línea si el concesionario cesa su actividad.
Como resultado de la Junta de Acreedores celebrada el 15 de septiembre de 2016 en el Juzgado de lo Mercantil de Girona, los accionistas de TP Ferro y sus acreedores financieros no han logrado alcanzar un acuerdo sobre el plan de reestructuración de la concesión, abriendo así la vía para su liquidación y la extinción del contrato.
Los dos gobiernos desean reafirmar que esta situación no debe de ninguna manera poner en peligro la continuidad del servicio público ferroviario entre España y Francia. Ahora le corresponde a la empresa filial común que se está configurando entre ADIF y SNCF Réseau hacerse cargo de la explotación de la nueva línea, desde el cese de las actividades de TP Ferro. Los contactos entre las dos entidades de hecho están ya en curso para prepararse para la transferencia de actividades.
España y Francia quieren finalmente expresar su apoyo a los trabajadores de la concesionaria en este difícil contexto: los dos gobiernos velarán por que la nueva empresa filial entre ADIF y SNCF Réseau incorpore todo el personal de TP Ferro. A la espera de este inicio de gestión, se organizarán próximamente contactos entre representantes de los dos administradores nacionales de infraestructuras, con el fin de que esta transición se desarrolle en las mejores condiciones posibles.