El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Fomento, el proyecto de ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, tras un intenso proceso de consultas en el que han participado agentes y empresas del sector así como diversos órganos consultivos, y después de recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Con este proyecto, que atiende en gran medida las observaciones planteadas por dichos agentes, se traspone al ordenamiento jurídico español el nuevo marco regulador europeo establecido por la Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008, en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios.
La nueva ley establecerá el régimen aplicable a la prestación de los servicios postales, garantizará el correcto funcionamiento del mercado postal, la prestación de un servicio postal universal de calidad, la protección de los derechos de los usuarios y los trabajadores del sector, y culmina el proceso de realización plena del mercado único iniciado hace más de diez años.
El proyecto persigue el cumplimiento de tres objetivos básicos:
Para garantizar un servicio postal universal de calidad -que incluye las cartas y tarjetas postales de hasta 2 kg, y paquetes de hasta 20 kg, tanto ordinarios como certificados- el proyecto de ley regula todos los aspectos, ya sean materiales como de principios, a los que debe atenerse la prestación por parte de Correos y Telégrafos, que en España continuará siendo el único prestador designado para el servicio postal universal.
La norma contempla también un sistema de financiación para hacer frente a la carga financiera que tiene que soportar el operador designado. Así, además de la contribución que todos los operadores y usuarios deben realizar, se establece una aportación del Estado para garantizar la suficiencia de recursos.
Los derechos de los usuarios de los servicios postales es el segundo de los elementos esenciales que desarrolla el proyecto de ley. Algunos de estos derechos son nuevos, otros aparecen ahora elevados al rango de ley y todos ellos quedan sistematizados y garantizados por la misma.
Así, a los tradicionales derechos al secreto e inviolabilidad de la correspondencia, a la propiedad de los envíos o a la protección de datos, se suman el derecho a la información sobre los servicios postales, el de reclamación y denuncia, el derecho a la identificación del operador y el de protección de los envíos no entregados.
La nueva regulación persigue crear un mercado más dinámico, eliminando las barreras de entrada, con empresas postales más competitivas y más comprometidas con una economía sostenible y socialmente responsable.
De acuerdo con las directrices comunitarias se pone fin al área reservada a Correos y Telégrafos, sin que por ello ponga en riesgo su viabilidad financiera, ya que la encomienda de la prestación del Servicio Postal Universal le garantiza su sostenibilidad.
Entre los principios rectores que conforman el proyecto de ley se contempla el respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores postales en el convencimiento de que en un sector tan intensivo en mano de obra, como es el postal, únicamente puede hacer frente a los retos que se le presentan con un empleo de calidad.
El mayor logro de este proyecto es conjugar la transposición de una directiva encaminada a construir un mercado interior de los servicios postales en libre concurrencia con la prestación de un servicio universal de calidad sin renunciar a ninguno de los presupuestos sociales que son las señas de identidad de este Gobierno.
La nueva ley crea el sello de Excelencia de Empresa Postal Sostenible, por el que se distinguirá a las empresas postales más comprometidas con los derechos sociales, la protección ambiental y la responsabilidad social corporativa.