El Gobierno acepta la propuesta de mediación sobre la reforma de la estiba realizada por el mediador

  • Una vez aceptada la propuesta del mediador, el Gobierno estaría dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la mediación
  • Con esta propuesta, se consiguen tres objetivos esenciales: el mantenimiento del 100% del empleo, la mejora de la competitividad de los puertos y un plan de ayudas extraordinario del Gobierno para la transición del modelo
  • La propuesta realizada ayer por patronal y sindicatos supondría un coste para el erario público de 2.415 millones de euros y una enorme discriminación con respecto al resto de trabajadores

jueves, 30 de marzo de 2017

Tras una valoración inicial de la propuesta de mediación sobre los efectos laborales de la nueva ordenación laboral del sector de la estiba realizada esta tarde por el mediador, Marcos Peña, el Gobierno anuncia que ha aceptado la misma y, aunque no es la propuesta realizada por el Ejecutivo, se asume el documento, como solicita el mediador, al objeto de buscar la mejor transición del modelo.

La propuesta da respuesta a asuntos esenciales durante toda la mediación, como han sido el mantenimiento del empleo, la mejora de la productividad y un sistema de ayudas.

El Gobierno anuncia además que, a tales efectos, estaría dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la mediación.

Coste de 2.415 millones de la propuesta de sindicatos y patronal Por otra parte, respecto a la propuesta realizada ayer por patronal y sindicatos, el Ministerio de Fomento remarca, una vez más, que uno de sus puntos principales, la subrogación por ley de los trabajadores no es posible, tal y como ha quedado demostrado con el escrito de la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, y remitido al titular del departamento, Íñigo de la Serna.

La asunción por parte de la Administración General del Estado de la diferencia salarial entre un trabajador nuevo y un trabajador subrogado y las jubilaciones anticipadas prolongadas en el tiempo hasta el dimensionamiento óptimo de la plantilla, contenidas en la propuesta de patronal y sindicatos, tendrían un coste inasumible para el erario público, según la valoración realizada, de 2.415 millones de euros, lo que supondría una enorme discriminación con respecto al resto de trabajadores de este país. La propuesta inicial de ayudas del Ejecutivo se situaba en el entorno de los 120 millones de euros.

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