Objeto

Los aeropuertos necesitan preservar su entorno para garantizar la seguridad y la regularidad de las operaciones de las aeronaves, así como su propia existencia. Los aeropuertos, como polos de atracción económica, generan importantes desarrollos urbanísticos que deben ser controlados y regulados desde el punto de vista aeronáutico. La legislación que desarrolla los Planes Directores de los aeropuertos determina una serie de herramientas que permiten alcanzar dichos objetivos. En la actualidad las afecciones aeroportuarias alcanzan aproximadamente unos tres millones de hectáreas en todo el territorio español afectando a más de 815 municipios.

¿Qué genera este procedimiento?

Como resultado de la evaluación de la documentación, la Dirección General de Aviación Civil emite un informe preceptivo y vinculante al planeamiento urbanístico con las conclusiones de dicha evaluación.

Fundamento legal

La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 establece:

"Las Administraciones públicas competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su aprobación inicial o trámite equivalente, los proyectos de planes o instrumentos generales de ordenación urbanística o territorial, o los de su revisión o modificación, que afecten a la zona de servicio de un aeropuerto de interés general o a sus espacios circundantes sujetos a las servidumbres aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, al objeto de que aquél informe sobre la calificación de la zona de servicio aeroportuaria como sistema general y sobre el espacio territorial afectado por las servidumbres y los usos que se pretenden asignar a este espacio."

Respecto al alcance del informe la mencionada Disposición continúa:

"Este informe, que tendrá carácter vinculante en lo que se refiere al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado, será emitido en el plazo de un mes, transcurrido el cual y un mes más sin que el informe sea evacuado, se podrá continuar con la tramitación de los planes o instrumentos generales de ordenación territorial o urbanística. En el supuesto de que la Administración pública competente no aceptara las observaciones formuladas por el Ministerio de Fomento, no podrá procederse a la aprobación definitiva de los planes o instrumentos urbanísticos y territoriales en lo que afecte al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado."

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